Razones y tentaciones del Estado

Franciso Tomás y Valiente

El País. 15 de febrero de 1996

Se ha escrito tanto contra la razón de Estado que pudiera pensarse que, suprimida ésta, al Estado no le queda ninguna para defender su necesidad y para, por lo tanto, subsistir. Eso es lo que desean y lo que persiguen con el tiro en la nuca sin piedad los enemigos del Estado, de este Estado. Urge hablar de otra u otras razones del y de este Estado. En el siglo XVII se contraponían la mala y la buena razón de Estado. Aquella revestía la forma del sometimiento de la moral a la fama del Príncipe, a la reputación de la Monarquía o a cualquier otra divinización del poder como realidad sustantiva. Frente a ella, los teóricos de la Contrarreforma esgrimían lo que llamaban la buena razón de Estado, consistente en la subordinación del poder y sus instrumentos en defensa de la moral y el derecho natural, de la verdadera fe, de la Iglesia católica. Ahora los nombres y las razones han cambiado, pero la contraposición entre ellas subsiste porque el Estado continúa siendo un instrumento necesario y legítimo.

La mala razón de Estado, su sinrazón, lo que le hace perder su legitimidad, es la divinización o satanización del poder: la voluntad de poder, su sustantivización, el sometimiento de todo a su conservación por parte de quienes lo tengan, y el todo vale desde él en la persecución de fines legítimos o ¡legítimos. Contra esta mala razón de Estado estamos todos los demócratas conscientes, quienes entendemos como únicos valores sustantivos los del hombre individual y sus derechos a la vida, a la paz, a la libertad y los de ellos derivados. Pero hay que decir enseguida que, para lograr o no perder estos valores y derechos, el Estado es imprescindible, es instrumento, pero instrumento necesario, de manera que, si se destruye, nos quedamos sin los objetivos que lo legitiman y que constituyen su razón de ser, la buena razón de Estado.

Aquí y ahora, en este Estado que se construyó en y desde la Constitución de 1978,y en la sociedad que lo sustenta y lo necesita, estamos incurriendo en determinadas tentaciones cuyo triunfo definitivo podría determinar la destrucción de aquél y que ya están produciendo su descrédito y debilidad.

La primera tentación contra el Estado es el olvido de su legitimidad y de sus límites, es decir, la utilización del poder para, luchando contra los terroristas, emplear sus mismos métodos, sus crímenes. El mayor enemigo del Estado es la mala razón de Estado. Hay, pues, que perseguir a quienes hayan caído en ella. Pero al hacerlo, tarde y escandalosamente, se ha incurrido en la tentación de destruir gran parte del aparato del poder estatal legítimo, en la desmoralización de buen número de sus agentes, en la desaparición de alguna de sus piezas imprescindibles para luchar contra los terroristas y en el descrédito del Estado, dentro y fuera de sus fronteras. La mala razón de Estado y el torpe desenmascaramiento de sus crímenes, sin el cuidado en el aislamiento de quienes hayan vulnerado la ley desde el Estado y sin la discreción judicial y periodística como cautela y garantía de derechos, se han unido en la producción de los efectos que ahora padecemos, de manera que a la tentación de la mala razón de Estado se ha unido la autodestrucción como apéndice perverso.

La segunda tentación consiste en la fragmentación interna de las fuerzas políticas demócratas en su necesario frente común, desde el Estado, contra los criminales del terror. Se había avanzado mucho en este camino: en poco tiempo se ha desandado casi todo el trecho recorrido. Si los nacionalistas no violentos se sienten más nacionalistas que otra cosa; si toleran en silencio quemas o entierros de la constitución; si repitieran palabras de comprensión hacia los terroristas encarcelados o en libertad por su intencionalidad política; si unos y otros, en el País Vasco y fuera de él, alimentaran no la colaboración entre las respectivas fuerzas policiales, sino la desconfianza y rivalidad entre ellas, si se callara que la sociedad vasca ha ganado ya, con las insuficiencias y los discutibles incumplimientos que puedan aún señalarse, las libertades y el autogobiemo cuya insatisfacción puede haber significado desde el siglo pasado la injusticia histórica que algún comprensivo prelado recuerda oportune et importune; si la defensa del cumplimiento total de las condenas se esgrime como equívoca arma de campaña electoral; si la necesidad de la unión entre los demócratas (nosotros) frente a ETA (ellos) se proclama sólo en los entierros de cada última víctima; si todo eso continúa pasando, estaremos cayendo en la, tentación de la fragmentación intema, para desgracia de demócratas y alegría y fortalecimiento de los terroristas.

La tercera tentación, o tal vez la primera en el orden cronológico, es el abandono de la calle. La tolerancia mal entendida respecto a lo que algunos llamaban problemas juveniles de la sociedad vasca está desembocando en el triunfo del terror en las calles de las ciudades de Euskadi. Y la calle es símbolo y realidad del Estado, escenario de libertades, ámbito de la paz y la seguridad de los ciudadanos. 0 todo lo contrario. Si se pierde la calle, se pierde todo. Que nadie discuta esto, porque los primeros en saberlo son ellos. No se trata de evaluar en pesetas los autobuses incendiados, las cabinas telefónicas destruidas o los daños producidos en establecimientos bancarios y comerciales. El daño es cualitativamente otro: es la pérdida de la paz. Y como la paz es el fin primario del Estado, si se pierde ésta, se pierde aquél y se regresa a la guerra de todos contra todos, cuya versión actual es la persecución armada de unos pocos contra la inmensa mayoría.

No basta con decir estas cosas: pero el silencio es deshonesto antes y después de la muerte del último hombre asesinado. Del último hasta hoy. Es necesario reflexionar sobre estas tres tentaciones para no seguir cayendo en ellas. Si el espíritu de enmienda prosperara, se podría, desde él, discutir cuáles son los instrumentos legales que el Estado necesita y proveerse de ellos. Pero si se pierde la convicción en la propia legitimidad, en la buena razón del Estado, lo demás es imposible. Los especialistas en tentaciones y pecados suelen clasificar éstos y disculpar algunas de aquéllas. Todos hemos dicho alguna vez que hay tentaciones inventadas para caer en ellas, lo cual puede ser cierto respecto a las de la carne, pero no a propósito de las aquí comentadas. En ellas nos va la vida, la del Estado que necesitamos y la nuestra individual, porque cada vez que matan a un hombre en la calle (y esto no es una metáfora, como diría el cartero de Neruda) nos matan un poco a cada uno de nosotros.

El presidente Tomás y Valiente

Jorge de Esteban

El Mundo. 15 de febrero de 1996

SON las once y veinte de la mañana. Me encuentro impartiendo la clase a los alumnos de segundo año de la Facultad de Derecho de la Complutense. En ese momento, de forma inesperada, entra sofocada la secretaria del Departamento, y me comunica que acaban de asesinar en la Universidad Autónoma al catedrático y ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente.

La noticia me deja aturdido, se la comunico a mis alumnos, que reflejan en sus rostros la consternación, y suspendo inmediatamente la clase. Nuevamente la irracionalidad del terrorismo se acaba de cobrar otra víctima que, en este caso, es todo un símbolo. Mi amigo y colega Tomás y Valiente no era sólo un ilustre catedrático de la Universidad española, no era sólo el historiador del Derecho de mayor prestigio en nuestro país, no era sólo un hombre bueno, leal y generoso, amigo de sus amigos. Era mucho más: era todo un símbolo del Estado de Derecho que los españoles de buena voluntad desean que exista en España.

Fue, en efecto, uno de los magistrados fundadores en 1980 del Tribunal Constitucional y permaneció en él durante doce años, los seis últimos como presidente. Era lógico, pues, que en el verano de 1990, cuando se me encargó la dirección de un curso en El Escorial sobre los diez años de vida de nuestro Tribunal, le invitase para que lo inaugurara. Cuando le llamé para invitarlo a pronunciar esa conferencia, a pesar de que estaba muy ocupado con su labor de presidente, no dudó ni un momento en aceptar.

Cualquiera de los alumnos que asistieron a ese curso estoy seguro de que tendrán en su memoria todavía la fascinante exposición que nos hizo, explicando cómo se creó el Tribunal, las dificultades que tuvieron que superar, la pasión con que lo hicieron, sabiendo que estaban cimentando la piedra angular de nuestro Estado de Derecho. Durante la larga hora que habló, no se oyó ni el vuelo de una mosca, pues era apasionante oír unas palabras que traslucían la fe en el Derecho, en la democracia y en el futuro de nuestro país. Al término de la conferencia, le animé a que escribiese unas Memorias en que desarrollase más lo que nos había contado, pues pocos como él estaban en el secreto de lo que cuesta construir un Estado civilizado bajo el signo de una Constitución que ampare a todos, incluidos los que no la aceptan.

Fue bajo su presidencia precisamente cuando el Tribunal declaró inconstitucional una ley antiterrorista, a efectos de anular los abusivos diez días de detención que esta norma permitía para los casos de terrorismo. Sus convicciones, que fueron también las de todo el Tribunal, le llevaban a sostener, con esa sentencia, que la única manera de acabar con la plaga irracional del terrorismo era a través del máximo respeto a la Ley, al Derecho.

Fue también bajo su Presidencia, cuando el Tribunal Constitucional, interpretando el oscuro Título VIII de la Constitución, puso las bases para la construcción del Estado de las Autonomías. Mediante una jurisprudencia creadora, el Tribunal ha sido el mayor defensor de una concepción plural de España, reconociendo la autonomía de las diversas comunidades y, en especial, la de las denominadas históricas. Nadie duda ya de que una gran parte del mérito del Tribunal, en esta gigantesca tarea, fue obra de Tomás y Valiente, quien redactó en 1984 un decisivo informe sobre el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas publicado después como libro.

Fue lógico, en consecuencia, cuando el primer presidente del Tribunal, el profesor García-Pelayo dejó su puesto en 1986, abatido por los avatares de la política, que el nombre de Tomás y Valiente fuese el que más sonase para reemplazarlo. Recuerdo que pocos días antes de reunirse el Tribunal para nombrar nuevo presidente, recibí la visita de Tomás y Valiente en la Embajada en Roma. Como yo conocía perfectamente el prestigio y la ecuanimidad que se había ganado entre sus compañeros del Tribunal, le profeticé que él sería el nuevo Presidente. Sin embargo, recuerdo también perfectamente su sincera modestia cuando me contestó que había otros compañeros más capaces que él de dirigirlo.

Durante mi estancia en Roma, tuve la suerte de tenerlo varias veces de invitado en la Embajada, ya que su prestigio como eminente jurista e historiador había traspasado las fronteras y, especialmente, en Italia tenía grandes amigos y admiradores. Incluso la Universidad de Messina le concedió el título de Doctor «Honoris Causa», como reconocimiento a su obra científica. Obra que, por supuesto, comprende grandes aportaciones a la Historia del Derecho Español en general, a la Historia del Constitucionalismo, al estudio del Derecho y a su concepción del Estado del Derecho, proyectada ésta en toda su obra jurisprudencial durante los fecundos doce años que estuvo en el Tribunal Constitucional.

Pero si su talla como jurista es indiscutible, lo es aún más su humanidad y generosidad, como se demuestra en el último artículo que escribió anteayer en El País. En él reivindicaba la figura de Joaquín Ruiz Giménez, como uno de los grandes precursores de nuestra democracia, y al que no se ha valorado como merece.

Hoy, cuando los terroristas de ETA han vuelto a demostrar que su locura no lleva a ninguna parte, más que nunca, hay que recordar, en memoria de un gran español, de un gran jurista, las palabras de Von Ihering: «El Derecho no es una idea lógica, sino una idea de fuerza; he ahí por qué la justicia, que sostiene en una mano la balanza donde pesa el Derecho, sostiene en la otra la espada que sirve para hacerlo efectivo. La espada, sin la balanza, es la fuerza bruta, y la balanza sin la espada, es el Derecho en su impotencia; se completan recíprocamente: y el Derecho no reina verdaderamente, más que en el caso en que la fuerza desplegada por la Justicia para sostener la espada, iguale a la habilidad que emplea en manejar la balanza».

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y miembro del consejo editorial de EL MUNDO.